Según la Ley 16.017, los trabajadores del sector privado están obligados a presentar la constancia de voto en las elecciones nacionales de octubre y noviembre de 2019. Aquellos que no puedan presentar la constancia o el recibo de pago de la multa correspondiente podrían ver retenido su salario hasta regularizar su situación documental. Esta sanción también se aplica a las jubilaciones, pensiones y otras sumas pagadas por el Estado en sentido amplio.

Existen circunstancias excepcionales que justifican el incumplimiento de la obligación de votar. Estas incluyen:

a) Enfermedad, invalidez o imposibilidad física: Los trabajadores que padezcan alguna de estas situaciones y no puedan acudir a la Comisión Receptora de Votos el día de las elecciones pueden justificar su ausencia mediante la presentación de un certificado médico público o privado.

b) Estar fuera de la República el día de las elecciones: Aquellos que se encuentren en el extranjero en el día de las elecciones deben presentar el pasaporte, pasajes aéreos y una constancia expedida por la Dirección Nacional de Migración o el Consulado de la República donde se encuentren.

c) Razones de fuerza mayor: Si el trabajador puede acreditar que fue imposible acudir a votar debido a una situación de fuerza mayor, deberá alegar y probar dicha circunstancia ante la Junta Electoral correspondiente, la cual resolverá al respecto.

d) Suspensión de la ciudadanía: Aquellos trabajadores cuya ciudadanía esté suspendida también quedan exentos de la obligación de votar.